TEMAS A CONSIDERAR AL NUEVO GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS


1. Abatir el Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal


2. Combate Frontal a la Compra y Venta de Facturas

2. Combate Frontal a la Compra y Venta de Facturas

Los cambios suscitados en México en el ámbito fiscal a partir del año 2014, entre otros, han tenido como objetivo inhibir ciertas prácticas fiscales dolosas y con ellos, proteger la base de los tributos, relativo a las deducciones y acreditamientos, en materia del impuesto sobre la renta y del valor agregado (ISR, IVA).

En dicho año se incorporó en el Código Fiscal de la Federación (CFF), el supuesto jurídico denominado “Operaciones Inexistentes”, conocido también como “La Compra y Venta de Facturas”, y no es para menos, ya que según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto se traducen en fraude a la ley fiscal. Del año 2010 al primer semestre de 2015, se identificaron a 1,557 empresas que emiten facturas, las cuales han facturado un total de 501 mil 581 millones de pesos, lo que se traduce en una defraudación fiscal sin igual, cercanos a los 200 mil millones de pesos, recursos que no entraron a las arcas de la Tesorería Fiscal de la Federación en su oportunidad.

De acuerdo con el primer párrafo del Art. 69-B del CFF, se señala que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

Estas operaciones se traducen en simular un conjunto de actos y contratos para aparentar transacciones económicas, como lo son la venta de bienes o la prestación de un servicio por parte de proveedores, con el común denominador que no tienen personal ni la infraestructura necesaria para ello, fingiendo a su vez los cobros y pagos respectivos, respaldado con la entrega y recepción de los comprobantes fiscales o facturas correspondientes. Estos tratos u operaciones tienen la característica que los bienes y los servicios no se entregaron ni se prestaron, pero se cobraron.

De lo anterior se suscitan dos figuras principales, la empresa que factura operaciones inexistentes (EFO-Proveedor), que entrega el comprobante fiscal a cambio de una comisión que oscila entre el 2% y el 10% y, la empresa que deduce operaciones inexistentes (EDO-Cliente), teniendo este último la ventaja de dar un efecto fiscal al mismo, con el objetivo de pagar menos o nada al reducir la base del ISR y, del IVA al realizar el acreditamiento correspondiente o en su caso, efectuar devoluciones, en ambas situaciones de forma fraudulenta por tratarse de operaciones inexistentes. Ello es así porque se genera un beneficio económico para la empresa que adquiere o compra la factura, por cada peso, el equivalente a un 46%, para el caso de las personas morales.

Pero, la situación se torna aún más grave cuando dicho esquema elusivo es utilizado por servidores públicos, de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de desviar el gasto público, para beneficios personales o políticos, llámese “Estafa Maestra” (en donde se involucraron Universidades Públicas), que abarco 7,670 millones de pesos; el desvío de recursos a través de compras simuladas por parte del gobierno de Veracruz bajo el mandato de Javier Duarte, por más de 3,000 millones de pesos* y, lo más reciente “Gobierno de la CDMX paga 400 millones de pesos a empresa fantasma”.

Si dichas operaciones son detectadas por parte de la autoridad fiscal, la consecuencia es la de pagar los impuestos omitidos más accesorios. Ahora bien, acorde con el Código Fiscal, existen plazos para tratar de desvirtuar lo enunciado de parte de los involucrados. Asimismo la autoridad fiscal tiene la facultad de presentar querella ante el ministerio público federal, en calidad de victima, para la aplicación de sanciones de tipo penal, cuya sanción privativa de la libertad oscila de tres meses a seis años de prisión.

Osvaldo Santín, jefe del SAT, declaro a mediados de febrero de 2018, que, en México, las empresas fantasmas han generado facturas por 1.4 billones de pesos, lo equivalente a casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al 2 de julio de 2018, según información del SAT, se tienen identificados a 5,390 contribuyentes u empresas que facturaron operaciones inexistentes a terceros, según listado definitivo. Tales operaciones son realizadas por un sin fin de empresas acusadas definitivamente de simular operaciones, con el apoyo, en muchos de los casos, de despachos de contadores y de abogados.

Siendo por tanto imprescindible, inhibir de forma drástica dichas prácticas elusivas con sanciones más drásticas, a través del combate frontal a la compra y venta de facturas. Si bien es cierto que se reformo recientemente el CFF en cuanto al procedimiento a seguir para la detección de las mencionadas operaciones, sin embargo, la pregunta recurrente es ¿por qué entonces en el escenario empresarial se siguen dando las operaciones inexistentes?

Ello es así porque ha faltado precisar en dicho Código y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera concreta que tal conducta sea tipificada como delito calificado y grave, sin derecho a fianza, por ser una forma más que dolosa, engañosa y tramposa de omitir el pago de la obligación tributaria, ya que la sanción condiciona la conducta.

Todo lo argumentado lesiona la recaudación de los impuestos teniendo un efecto negativo en el gasto público, en detrimento del bien común, lo que va en contra de un estado de derecho.

En las leyes fiscales existen opciones para minimizar los costos fiscales, redundando en pagar un impuesto optimo y justo, con la pequeña gran diferencia de no poner en riesgo el patrimonio empresarial ni mucho menos aquello que es lo más preciado en la vida, la libertad, pero que es ignorado muchas veces por la falta de una cultura y de conocimientos precisos de la materia fiscal, de parte de empresarios y profesionistas.

En fin, por una realidad económica tributaria y de legalidad, veamos al respecto que medidas toma el nuevo gobierno que viene en camino...

Autor: Arnulfo Sánchez Miranda

*https://contralacorrupcion.mx/red-karime-duarte/fabrica-de-empresas-fantasma-desvio-mas-de-3-mmdp-de-veracruz.html
http://sinergiainteligente.com/expositores/Mtro-ArnulfoSanchez.html








1. Abatir el Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal

Si bien es cierto que el Outsourcing es una figura que se utiliza para suministrar servicios, no siendo la excepción el suministro de personal, en donde una empresa proporciona a otra mano de obra, también lo es que en muchos casos se ha generado un uso arbitrario del mismo, en donde la empresa contratista abusa del derecho laboral, social y fiscal, con un objetivo muy claro que consiste en coartar las prestaciones sociales de los trabajadores, así como reducir drásticamente el pago de contribuciones.

Es decir, para efectos del pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el patrón-contratista (Outsourcing), da de alta a los trabajadores con un salario inferior al real, con el argumento que la diferencia se pagará con un conjunto de conceptos que no integran el salario base de cotización, situación similar sucede con el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, al ser considerados también como percepciones que no gravan, con la finalidad que la cantidad a retener y pagar por parte del outsourcer sea menor.

El Outsourcing de personal como tal es una figura que en el contexto laboral es conocida como subcontratación laboral o tercerización, sin embargo su finalidad puede ser utilizado como plataforma de defraudación fiscal, una manera de reducir tal costo y evitar la responsabilidad laboral. Esto es así porque el costo fiscal de la nómina por cada peso que se paga, asciende en más de un 50% adicional, lo que hace atractivo implementar esquemas fraudulentos para reducir tal costo, cuyo beneficio es tanto para la empresa contratistas como para la contratante.

Esta situación data desde hace casi dos décadas, que al día de hoy sigue latente, aun y cuando en los años 2009, 2012, 2015 y 2017, se suscitaron un conjunto de reformas en los ámbitos de la seguridad social, laboral y fiscal, para regularla a través de la figura de la “Subcontratación o Intermediación Laboral”, sin embargo, los grandes perdedores siguen siendo los trabajadores, el Servicio de Administración Tributaria, IMSS, y el INFONAVIT, por la falta de una regulación jurídica objetiva.

En el año 2017 se presento una iniciativa en el Congreso de la Unión, para regular de forma concreta la figura en cuestión, pero la misma no prospero y se quedo en la congeladora legislativa.

Pero el colmo de todo esto es que muchas de las empresas contratantes del Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal, no solamente son del sector privado, sino también son del sector público, entonces dónde queda la función del Estado que es velar por el bien común, no debiendo ser la excepción los trabajadores que tiene a su cargo.

Hoy día muchos responsables de empresas siguen creyendo o les venden la idea que existen mecanismo legales para minimizar el costo fiscal de la nómina, beneficios fiscales que si bien existían en materia de salarios, pero que en los últimos 12 años se han ido derogando o limitando paulatinamente (previsión social, alimentos, asimilados, requisitos adicionales para decir y acreditar, etc.), no existiendo en la actualidad opciones fiscales para reducir de manera drástica la base impositiva en materia de sueldos y salarios.

En concreto, el esquema del Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal, lo que busca es la reducción de prestaciones laborales y de seguridad fiscal en perjuicio de los trabajadores, así como la sustracción del pago del impuesto sobre la renta, lo que significa menos recaudación impositiva, para dar cabida al fraude laboral y a la defraudación fiscal, requiriéndose por ello de una legislación laboral, de seguridad social y fiscal, más rigurosa y con sanciones ejemplares, para desmotivar tales conductas.

Por lo anterior las siguiente reflexiones para las personas que contratan o están con la idea de contratar el Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal:

Ante lo expuesto, dónde queda la responsabilidad del Estado para con los trabajadores de México, faltando mucho por hacer en materia de justicia laboral…

…Esperemos respuestas del nuevo gobierno.