REFORMA FISCAL 2020


LA REFORMA FISCAL QUE VIENE ATENTARÁ CONTRA LOS DERECHOS TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES

TEMAS A CONSIDERAR AL NUEVO GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS


Abatir el Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal


Combate Frontal a la Compra y Venta de Facturas


¿Impuesto a las gasolinas, hasta cuándo su reducción?


PROPUESTAS FISCALES PARA COMBATIR LA COMPRA Y VENTA DE FACTURAS:








LA REFORMA FISCAL QUE VIENE ATENTARÁ CONTRA LOS DERECHOS TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES

Arnulfo Sánchez Miranda 1

De la propuesta de reforma fiscal para el año 2020, en materia de derechos tributarios, estos serán trastocados seriamente. En el Código Fiscal de la Federación se indica: a) existen cargas fiscales a los particulares, pero también coexisten excepciones a las mismas y; b) la forma del cómo tributar es al libre albedrío de las personas.

Del primer supuesto conlleva implícita la obligación que tienen todas las personas de tributar al gasto público a través del pago de contribuciones, arropado con un conjunto de derechos que se desprenden de la relación jurídica tributaria que surge entre el estado y los contribuyentes, al cual se suscriben dos principios Constitucionales, equidad y proporcionalidad, cuyo segundo concepto consiste según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compartir a favor del fisco, una parte de las ganancias, utilidades o rendimientos. Dicho principio nace cuando el contribuyente aplica las excepciones a la carga tributaria, como lo son las deducciones, actos exentos, los acreditamientos y, un conjunto de derechos subjetivos contemplados en las diversas leyes fiscales que comprenden nuestro sistema fiscal mexicano, derechos que queda a la libertad de cada persona al momento de determinar las cargas impositivas, del cómo aplicarlos.

Derechos tributarios que se han incorporado paulatinamente en las leyes fiscales y en otros ordenamientos que datan de hace más de 20 años, como lo que se dio en llamar Carta de los derechos del contribuyente auditado, la Procuraduría de la defensa del contribuyente, la Ley de los Derechos del Contribuyente y la suscripción en la propia Constitución de los Derechos Humanos, los cuales se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, no siendo menos importante la Presunción de inocencia, conceptos y ordenamiento que fundamentan los derechos subjetivos que todo contribuyente deben gozar al contribuir para los gastos públicos.

No obstante, con la reforma fiscal que se propone, tales derechos subjetivos serán afectados drásticamente, porque se pretende adicionar al Código Fiscal de la Federación un concepto jurídico indeterminado denominado razón de negocio, cuya incidencia se dará en las demás leyes fiscales, a través del siguiente precepto:

Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal, serán recaracterizados a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico perseguido o se considerarán inexistentes cuando este último no exista.

Todo acto jurídico cuyos efectos fiscales se pretendan lograr como podrían ser una deducción o un acreditamento, deben tener implícito una razón de negocios. Se entenderá que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable, presente o futuro, sea menor al beneficio fiscal y, se presumirá, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico perseguido pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.

No obstante, en tal precepto legal que se pretende adicionar no se observa definición del concepto razón de negocios, en donde se hacen meras presunciones, quedando a la interpretación, siendo fundamental para tales efectos que dicho concepto sea definido de forma clara y contundente, ya que de no ser así, se prestará a la discrecionalidad que normalmente aplica la autoridad fiscal en su actuar, dejando al contribuyente en total estado de incertidumbre e indefensión, teniendo a su alcance los medios de defensa pero con el costo financiero que ello representará.

En el último párrafo del citado artículo, se menciona “Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros.” En otras palabras, cualquier beneficio fiscal que los contribuyentes obtengan resultado de aplicar las leyes fiscales podrá ser observado por la autoridad administrativa en perjuicio de los contribuyentes, en detrimento de su patrimonio.

En concreto, todo actuar jurídico del contribuyente que dé un beneficio fiscal podrá ser considerado como falta de razón de negocios y entonces pagar por ello un crédito fiscal, al ser recaracterizado o reclasificado por la autoridad correspondiente al aplicar sus facultades de comprobación, es decir, que aquello que era una deducción no lo será y aquel que era un acto exento deberá gravarse, con las implicaciones económicas y legales que esto conlleva. Entonces, todas las transacciones económicas deben estar ligadas al concepto en cuestión, como podría ser un gasto, una compra de materias primas o adquisición de activo fijo, entre otras, sin embargo, las excepciones a las cargas impositivas como son las deducciones autorizadas o los actos exentos, entre otros supuestos, implícitamente dan beneficios fiscales que se traducen en derechos porque están previstas en las normas tributarias.

Al respecto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a dicho que no necesariamente todo beneficio fiscal trae aparejado razón de negocios, lo que no le quita validez para que un derecho subjetivo sea procedente y, retomando lo enunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ausencia de razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión, de reconocer los efectos fiscales de determinada operación económica. Verbigracia, cuantas veces sobre todo hoy día, se inician empresas, debiendo realizar un conjunto de erogaciones para posicionar un producto en el mercado, encaminado a obtener una ganancia, pese a que no necesariamente sucede así en la realidad.

El concepto razón de negocios está íntimamente ligado con otro tema que se pretende incorporar al mencionado Código Fiscal, denominado Esquemas reportables cuya finalidad es normar las prácticas fiscales elusivas, cuya esencia radica en los beneficios fiscales que se pueden lograr producto de su aplicación, debiéndose por tanto subordinarse al concepto aludido, para reconocer o no los efectos fiscales de las transacciones económicas, llámese deducción, acreditamiento, no sujeción o, tasa del 0%, entre otros, quedando constreñido tales derechos a la voluntad y discrecionalidad de las autoridades fiscales. Tales esquemas deben reportarse al Servicio de Administración Tributaria y, en caso contrario existen sanciones que oscilan desde los $15,000.00 pesos hasta la absurda cantidad de ¡$20,000,000.00 de pesos! (veinte millones de pesos).

¿Será que el actual gobierno desconfía de los contribuyentes en general?

Ahora bien, si una de las grandes finalidades de la reforma fiscal que viene y la del actual gobierno, es la de acabar con los beneficios fiscales y en aras de una certeza jurídica y económica, mejor sería atacar el tema de raíz y eliminar de las leyes fiscales todo el conjunto opciones y beneficios que en las mismas existen, llámese deducciones, acreditamiento, exentos, estímulos fiscales, sujetos no contribuyentes, elementos que no integran base impositiva, las devoluciones millonarias, etcétera y, simplemente que las contribuciones se determinen a través de un mecanismo que podría consistir en aplicar a los flujos de efectivo o al total de la facturación y del monto de la nómina, una tasa según la actividad económica del contribuyente y pagar lo conducente.

A manera de corolario, parafraseando al refrán popular “muerto el beneficio fiscal se acabó la rabia”.

1 Lic. y Mtro. en Impuestos. Autor de diversas obras en materia fiscal.








PROPUESTAS FISCALES PARA COMBATIR LA COMPRA Y VENTA DE FACTURAS:

¡Pagarán justos por pecadores!
¿Dónde están los presuntos delincuentes?
¿Y la aplicación de la ley?

Recientemente se han dado a conocer tanto por partidos políticos, como lo son Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, así como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, propuestas de reformas fiscales tendientes a combatir el tráfico de facturas, situación que es loable, sin embargo, son simples paliativos a un problema que le han generado al gobierno federal un gran boquete fiscal. Cifras del Servicio de Administración Tributaria, señalan que tales prácticas fraudulentas son cercanas a los 2 billones de pesos, situación latente de los años 2010 a agosto de 2018, con un costo para el erario federal, según tasas impositivas vigentes de esos años, del Impuesto sobre la Renta (ISR), como del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Dichas propuestas consisten en hacer una serie de modificaciones, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo las siguientes:

a) Las personas morales deberán retener y enterar en todos los supuestos, el ISR que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los montos de los pagos que se efectúen, de los servicios proporcionados por personas físicas que realicen actividades empresariales, sin incluir al régimen de incorporación fiscal;

b) A su vez, las personas físicas que realicen actividades empresariales, excepto al régimen de incorporación fiscal, deberán retener y enterar en todos los supuestos, el ISR que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los montos de los pagos que se efectúen, de los servicios proporcionados por personas morales;

c) En ambos casos, el impuesto retenido podrá acreditarse contra el pago provisional del ISR que se trate; en el caso de que resulte un saldo a favor, se tendrá que pedir en devolución, o bien, acreditarse contra el mismo impuesto en un futuro.

De los incisos a) y b), se desprenden dos nuevos sujetos, que deben permitir que les retengan un 10% sobre el monto de la transacción: personas físicas con actividad empresarial y persona morales que presten servicios, lo que incidirá en una reducción de su liquidez, por el simple hecho de cobrar una cantidad menor.

En lo tocante a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se propone que estarán obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes: sean personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, excepto al régimen de incorporación fiscal, siempre que: a) Reciban servicios independientes prestados y; b) Usen o gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas.

Dicha retención será por las dos terceras partes del impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado. Es decir, cualquier persona moral o física que presten servicios independientes, así como las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes, deberán permitir que del IVA que les trasladen, se les retengan el 10.66%, sobre la tasa general del 16%, lo que a su vez se traduce en cobrar una cantidad menor, aún y cuando se permita su acreditamiento o devolución, con efectos negativos en el capital de trabajo.

El efecto financiero, relativos al ISR e IVA, lo resentirán la mayoría de los contribuyentes que realizan operaciones existentes y reales, en perjuicio de su liquidez y operación: personas morales que presten servicios y las personas físicas con actividad empresarial y que otorguen el uso o goce temporal de bienes. La situación expuesta no se revolverá con meras y simples retenciones.

Además, dichas propuestas simplemente están validando las mencionadas prácticas fraudulentas, es decir si la finalidad es combatir de manera frontal la conducta delictiva derivada de la compra y venta de facturas, basta simplemente con aplicar la ley. A octubre de 2018, el SAT tiene identificado a un número determinado de contribuyentes (6,166), según listado definitivoi, con ello la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en calidad de victima u ofendida, debiera proceder penalmente a través de la formulación de querellas, porque en términos de lo previsto por el artículo 113, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el tipo penal consiste en la conducta que se despliega por parte de cualquier persona que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, con una sanción de tres meses a seis años de prisión.

Los datos de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo en materia fiscal y la probable participación del imputado, en este caso: personas que facturaron o dedujeron operaciones inexistentes, así como los medios de prueba, acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales, están al alcance de la autoridad fiscal, en calidad de ofendida, ante ello ¿Dónde están las querellas correspondientes?

Ante tal ausencia, una respuesta tentativa estriba en que muchas personas o sujetos que han expedido, adquirido o enajenado tales comprobantes fiscales pertenecen al sector público, llámese Federación, Estados o Municipios, incluidas ciertas universidades, dadas a conocer a través de la investigación denominada Estafa Maestra, entre otros tantos casos (Combate frontal a la compra y venta de facturasii), dañando con ello a las finanzas públicas de la nación, en detrimento del bien común de toda la sociedad mexicana, quedando pendiente hoy día la sanciones penales, sin embargo al parecer la cuestión política está por encima de lo legal.

Por tanto, la ausencia en la aplicación de la ley fomenta las prácticas fraudulentas en aras de la impunidad tributaria.

A manera de corolario, más leyes, más reformas, más derecho, no significan necesariamente más justicia…

Autor: Arnulfo Sánchez Miranda
25 de octubre de 2018

ihttp://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html
iihttp://corporativoasm.com.mx/publicaciones.html#2








¿Impuesto a las gasolinas, hasta cuándo su reducción?

En el contexto conceptual de los impuestos, estos se dividen en directos e indirectos, siendo los primeros aquellos que gravan el patrimonio de las personas y, los segundos, su imposición es determinada por actos o actividades que se realizan, como lo es el denominado Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Como es sabido dicho impuesto grava actos o actividades, destacándose la enajenación e importación de combustibles automotrices fósiles, como lo son la gasolina y el diésel, incidiendo económicamente en el consumo de las personas que los adquieren. Ello es así porque tal impuesto, el enajenante lo traslada a terceros, repercutiendo en el patrimonio de estos últimos.

En el año 2013 el monto de ingresos por concepto de impuesto indirecto por la enajenación de combustibles automotrices, según la Ley de Ingresos de la Federación, en cuanto a su recaudación estimada fue cercano a los 25,000 millones de pesos, monto que se ha ido incrementando en cada ejercicio fiscal y, para el año de 2018, la Federación estimo recaudar cerca de 284,000 millones de pesos. Esto se explica porque al inicio de dicho periodo el precio promedio de la gasolina en México era de 10.00 pesos por litro, cuyo precio promedio por litro actual es de 20.00 pesos, integrando una parte de dicho monto el impuesto especial aludido.

Tales ingresos devienen por lo previsto en los artículos 2, fracción I, inciso D), y 2-A, de la Ley del IEPS. Se mencionan entre otros supuestos, en el caso de enajenación de combustibles automotrices fósiles, se aplicarán las cuotas siguientes:

Concepto Cuota por litro Cuota adicional por litro Cuota neta por litro
Gasolina menor a 92 octanos $4.59 0.4052 $4.9952
Gasolina mayor o igual a 92 octanos $3.88 0.4944 $4.3744
Diésel $5.04 0.3363 $5.3763

Tales cuotas están actualizadas al 29 de diciembre de 2017.

Acorde con el informe tributario del Servicio de Administración Tributaria, al 4to. bimestre del 2017, los ingresos recaudados por concepto de gasolina y diésel, ascendió a la cantidad de 216,498 millones de pesos y, de enero junio de 2018 la recaudación fue por 84,780 millones de pesosi.

Ahora bien, de qué sirve que los políticos en su arenga pregonan que el petróleo es de los mexicanos, cuando en la realidad los productos derivados como lo es la gasolina, para su consumo, el precio es elevado comparado con el que se paga en otros países, como el caso de Estado Unidos de América cuyo precio promedio por litro es de 15.00 pesos, sin considerar además que el poder adquisitivo de su gente es mucho mayor que el nuestro; es tanto como imaginar que un bien es nuestro pero que para su disposición hay que pagar una cuota mayor al de mercado. ¡Gran contradicción!

En la campaña política del nuevo gobierno que viene, una de sus banderas fue un alto a los llamados “gasolinazos”, sin embargo, al parecer a partir del 1ero. de enero de 2019, el precio de las combustibles aludidos, solamente se “congelarán” y se modificará según la inflación, situación ya vivida por los mexicanos en los últimos dos sexenios.

Por otro lado, se esta maquinando un conjunto de reformas en el ámbito fiscal, que trastocará la recaudación de los impuestos, porque se pretende que el Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza del norte del país, la tasa sea del 8% en lugar del 16% actual y, en materia del Impuesto sobre la Renta que la tasa del 30% baje al 20%. Esto tiene por objetivo incentivar el consumo en dicha región, no obstante, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comento que de implementar lo anterior, significaría dejar de recaudar por parte de la Federación hasta 110,000 millones de pesos al añoii.

Ahora bien, no perder de vista que uno de los objetivos que debe perseguir toda política fiscal es la distribución de la riqueza del país; en otras palabras, si la finalidad del paquete fiscal es modificar las normas tributarias para incentivar el consumo, ello también se lograría a través de disminuir las cuotas que gravan los combustibles automotrices al reducirlas al menos en un 25% y, para evitar que el presupuesto de ingresos no se trastoque acorde con lo previsto, bajar la tasa del IVA del 16% al 12% y del ISR del 30% al 25%, en la frontera norte del país.

No olvidemos que en la medida que el consumidor final pague menos por los insumos que adquiere, como lo son la compra de gasolinas, en esa medida su capacidad de consumo se incrementará, generándose con esto un circulo virtuoso en la economía nacional.

Por una justicia fiscal distributiva nacional y objetiva, esperemos acciones que rompan paradigmas en el nuevo gobierno.

Autor: Arnulfo Sánchez Miranda
28 de septiembre de 2018

ihttp://omawww.sat.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/Paginas/informe_tributario_gestion.aspx
iihttps://www.eleconomista.com.mx/economia/Bajar-IVA-en-frontera-costaria-hasta-110000-millones-de-pesos-CIEP-20180715-0059.html








Combate Frontal a la Compra y Venta de Facturas

Los cambios suscitados en México en el ámbito fiscal a partir del año 2014, entre otros, han tenido como objetivo inhibir ciertas prácticas fiscales dolosas y con ellos, proteger la base de los tributos, relativo a las deducciones y acreditamientos, en materia del impuesto sobre la renta y del valor agregado (ISR, IVA).

En dicho año se incorporó en el Código Fiscal de la Federación (CFF), el supuesto jurídico denominado “Operaciones Inexistentes”, conocido también como “La Compra y Venta de Facturas”, y no es para menos, ya que según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto se traducen en fraude a la ley fiscal. Del año 2010 al primer semestre de 2015, se identificaron a 1,557 empresas que emiten facturas, las cuales han facturado un total de 501 mil 581 millones de pesos, lo que se traduce en una defraudación fiscal sin igual, cercanos a los 200 mil millones de pesos, recursos que no entraron a las arcas de la Tesorería Fiscal de la Federación en su oportunidad.

De acuerdo con el primer párrafo del Art. 69-B del CFF, se señala que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas con tales comprobantes.

Estas operaciones se traducen en simular un conjunto de actos y contratos para aparentar transacciones económicas, como lo son la venta de bienes o la prestación de un servicio por parte de proveedores, con el común denominador que no tienen personal ni la infraestructura necesaria para ello, fingiendo a su vez los cobros y pagos respectivos, respaldado con la entrega y recepción de los comprobantes fiscales o facturas correspondientes. Estos tratos u operaciones tienen la característica que los bienes y los servicios no se entregaron ni se prestaron, pero se cobraron.

De lo anterior se suscitan dos figuras principales, la empresa que factura operaciones inexistentes (EFO-Proveedor), que entrega el comprobante fiscal a cambio de una comisión que oscila entre el 2% y el 10% y, la empresa que deduce operaciones inexistentes (EDO-Cliente), teniendo este último la ventaja de dar un efecto fiscal al mismo, con el objetivo de pagar menos o nada al reducir la base del ISR y, del IVA al realizar el acreditamiento correspondiente o en su caso, efectuar devoluciones, en ambas situaciones de forma fraudulenta por tratarse de operaciones inexistentes. Ello es así porque se genera un beneficio económico para la empresa que adquiere o compra la factura, por cada peso, el equivalente a un 46%, para el caso de las personas morales.

Pero, la situación se torna aún más grave cuando dicho esquema elusivo es utilizado por servidores públicos, de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de desviar el gasto público, para beneficios personales o políticos, llámese “Estafa Maestra” (en donde se involucraron Universidades Públicas), que abarco 7,670 millones de pesos; el desvío de recursos a través de compras simuladas por parte del gobierno de Veracruz bajo el mandato de Javier Duarte, por más de 3,000 millones de pesos* y, lo más reciente “Gobierno de la CDMX paga 400 millones de pesos a empresa fantasma”.

Si dichas operaciones son detectadas por parte de la autoridad fiscal, la consecuencia es la de pagar los impuestos omitidos más accesorios. Ahora bien, acorde con el Código Fiscal, existen plazos para tratar de desvirtuar lo enunciado de parte de los involucrados. Asimismo la autoridad fiscal tiene la facultad de presentar querella ante el ministerio público federal, en calidad de victima, para la aplicación de sanciones de tipo penal, cuya sanción privativa de la libertad oscila de tres meses a seis años de prisión.

Osvaldo Santín, jefe del SAT, declaro a mediados de febrero de 2018, que, en México, las empresas fantasmas han generado facturas por 1.4 billones de pesos, lo equivalente a casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al 2 de julio de 2018, según información del SAT, se tienen identificados a 5,390 contribuyentes u empresas que facturaron operaciones inexistentes a terceros, según listado definitivo. Tales operaciones son realizadas por un sin fin de empresas acusadas definitivamente de simular operaciones, con el apoyo, en muchos de los casos, de despachos de contadores y de abogados.

Siendo por tanto imprescindible, inhibir de forma drástica dichas prácticas elusivas con sanciones más drásticas, a través del combate frontal a la compra y venta de facturas. Si bien es cierto que se reformo recientemente el CFF en cuanto al procedimiento a seguir para la detección de las mencionadas operaciones, sin embargo, la pregunta recurrente es ¿por qué entonces en el escenario empresarial se siguen dando las operaciones inexistentes?

Ello es así porque ha faltado precisar en dicho Código y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera concreta que tal conducta sea tipificada como delito calificado y grave, sin derecho a fianza, por ser una forma más que dolosa, engañosa y tramposa de omitir el pago de la obligación tributaria, ya que la sanción condiciona la conducta.

Todo lo argumentado lesiona la recaudación de los impuestos teniendo un efecto negativo en el gasto público, en detrimento del bien común, lo que va en contra de un estado de derecho.

En las leyes fiscales existen opciones para minimizar los costos fiscales, redundando en pagar un impuesto optimo y justo, con la pequeña gran diferencia de no poner en riesgo el patrimonio empresarial ni mucho menos aquello que es lo más preciado en la vida, la libertad, pero que es ignorado muchas veces por la falta de una cultura y de conocimientos precisos de la materia fiscal, de parte de empresarios y profesionistas.

En fin, por una realidad económica tributaria y de legalidad, veamos al respecto que medidas toma el nuevo gobierno que viene en camino...

Autor: Arnulfo Sánchez Miranda

*https://contralacorrupcion.mx/red-karime-duarte/fabrica-de-empresas-fantasma-desvio-mas-de-3-mmdp-de-veracruz.html
http://sinergiainteligente.com/expositores/Mtro-ArnulfoSanchez.html








Abatir el Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal

Si bien es cierto que el Outsourcing es una figura que se utiliza para suministrar servicios, no siendo la excepción el suministro de personal, en donde una empresa proporciona a otra mano de obra, también lo es que en muchos casos se ha generado un uso arbitrario del mismo, en donde la empresa contratista abusa del derecho laboral, social y fiscal, con un objetivo muy claro que consiste en coartar las prestaciones sociales de los trabajadores, así como reducir drásticamente el pago de contribuciones.

Es decir, para efectos del pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el patrón-contratista (Outsourcing), da de alta a los trabajadores con un salario inferior al real, con el argumento que la diferencia se pagará con un conjunto de conceptos que no integran el salario base de cotización, situación similar sucede con el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores, al ser considerados también como percepciones que no gravan, con la finalidad que la cantidad a retener y pagar por parte del outsourcer sea menor.

El Outsourcing de personal como tal es una figura que en el contexto laboral es conocida como subcontratación laboral o tercerización, sin embargo su finalidad puede ser utilizado como plataforma de defraudación fiscal, una manera de reducir tal costo y evitar la responsabilidad laboral. Esto es así porque el costo fiscal de la nómina por cada peso que se paga, asciende en más de un 50% adicional, lo que hace atractivo implementar esquemas fraudulentos para reducir tal costo, cuyo beneficio es tanto para la empresa contratistas como para la contratante.

Esta situación data desde hace casi dos décadas, que al día de hoy sigue latente, aun y cuando en los años 2009, 2012, 2015 y 2017, se suscitaron un conjunto de reformas en los ámbitos de la seguridad social, laboral y fiscal, para regularla a través de la figura de la “Subcontratación o Intermediación Laboral”, sin embargo, los grandes perdedores siguen siendo los trabajadores, el Servicio de Administración Tributaria, IMSS, y el INFONAVIT, por la falta de una regulación jurídica objetiva.

En el año 2017 se presento una iniciativa en el Congreso de la Unión, para regular de forma concreta la figura en cuestión, pero la misma no prospero y se quedo en la congeladora legislativa.

Pero el colmo de todo esto es que muchas de las empresas contratantes del Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal, no solamente son del sector privado, sino también son del sector público, entonces dónde queda la función del Estado que es velar por el bien común, no debiendo ser la excepción los trabajadores que tiene a su cargo.

Hoy día muchos responsables de empresas siguen creyendo o les venden la idea que existen mecanismo legales para minimizar el costo fiscal de la nómina, beneficios fiscales que si bien existían en materia de salarios, pero que en los últimos 12 años se han ido derogando o limitando paulatinamente (previsión social, alimentos, asimilados, requisitos adicionales para decir y acreditar, etc.), no existiendo en la actualidad opciones fiscales para reducir de manera drástica la base impositiva en materia de sueldos y salarios.

En concreto, el esquema del Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal, lo que busca es la reducción de prestaciones laborales y de seguridad fiscal en perjuicio de los trabajadores, así como la sustracción del pago del impuesto sobre la renta, lo que significa menos recaudación impositiva, para dar cabida al fraude laboral y a la defraudación fiscal, requiriéndose por ello de una legislación laboral, de seguridad social y fiscal, más rigurosa y con sanciones ejemplares, para desmotivar tales conductas.

Por lo anterior las siguiente reflexiones para las personas que contratan o están con la idea de contratar el Outsourcing Fiscal de Suministro de Personal:

Ante lo expuesto, dónde queda la responsabilidad del Estado para con los trabajadores de México, faltando mucho por hacer en materia de justicia laboral…

…Esperemos respuestas del nuevo gobierno.